La Historia Negra de Una Privatización

LA HISTORIA NEGRA
DE UNA PRIVATIZACIÓN


La década del 90 puede muy bien ser conocida como la década de las privatizaciones. Las principales empresas estatales, otrora botín de los gobiernos de turno, pasaron a ser conducidas por sus nuevos dueños, generalmente conocidas empresas transnacionales asociadas con una mísera cuota de empresas nacionales. El objetivo era a todas luces irrechazable: hacer de estas empresas entidades eficientes convirtiéndolas en productivas herramientas del desarrollo; generando riqueza, trabajo, calidad en sus productos, disminución de sus altos precios y tarifas y, fundamentalmente, un alivio en la pesada carga económica del estado por las pérdidas que éstas arrojaban. Todo esto dentro de un ambiente de economía de mercado y libre competencia, en donde el estado intervenía tan solo como un regulador.

Sin embargo, no todo fue como se pensó. La mayoría de las empresas privatizadas convergieron en acciones exactamente contrarias a los objetivos. Se generó una riqueza que pasó a alimentar las arcas de la banca extranjera ante la mirada cómplice de aquellos que pensaron en reinversiones y mejoras laborales económicas. Se despidieron a miles de trabajadores para sustituirlos por sub-empleados agudizando el problema laboral a nivel nacional. Los precios y tarifas de los productos o servicios de estas empresas subieron exponencialmente; y el estado, de regulador se convirtió en simple observador al servicio de los grandes capitales depredadores de nuestra riqueza interna.

¿Aumentó la eficiencia de estas empresas privatizadas? . Relativamente sí, pero a un costo social muy alto que terminó desprestigiando el concepto de privatización a tal punto que hoy en día, además de los esfuerzos del gobierno para reivindicar este modelo, somos pasibles de una oleada publicitaria a manera de lavado cerebral proveniente de las empresas privatizadas durante la dictadura. Estas son empresas asociadas ahora en una entidad presidida por un ex ministro de la dictadura, Ludwig Mayer, inexplicablemente también ex ministro del régimen de transición y alto ejecutivo -antes y después de ser ministro- de la transnacional TELEFÓNICA. Esta empresa es emblemática de una privatización desarrollada a espaldas de los grandes intereses nacionales, en beneficio único de una mafia gobernante coludida con el capital extranjero, que ante un comportamiento cómplice del gobierno de turno no tuvo clemencia alguna para lograr sus - hasta cierto punto explicables - propósitos de lucro sin límites.

En efecto, TELEFÓNICA en 1994 tomó posesión de la ex Compañía Peruana de Teléfonos S. A. ( CPT) y de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú S. A.( ENTEL). Todo esto después de un sonado concurso que tuvo su clímax el 28 de febrero de 1994 en el auditorio del Banco de la Nación cuando se superaron todos los records de expectativa de oferta por línea telefónica a nivel internacional y donde superado el factor sorpresa, la alegría de muchos se tornó en una desilusión galopante con los años. Telefónica accedió al control total de CPT y ENTEL ofertando la fabulosa suma de US $ 2,002 millones de dólares; es decir, mas del doble que su más cercano competidor. Los auspiciosos cinco años de monopolio absoluto otorgados a TELEFÓNICA bajo el eufemismo de “concurrencia limitada “ y el ambiente político post-autogolpe que se vivía en el país, no presagiaban nada bueno.

Si alguien creyó que con estos 2002 millones de dólares estaban regresando al Perú parte del oro sustraído durante la Colonia se equivocó de medio a medio. Por el contrario esta compra sería el mejor negocio hecho por los españoles en territorio peruano a lo largo de todo el período republicano, vale decir desde 1821 a la fecha. El régimen de Fujimori y sus corifeos de CPT y ENTEL -Antonio Paúcar, Javier Tovar y otros- entregaron a la telefónica española casi tanto como los cuartos de oro y plata pagados por el inca Atahualpa para el celebre rescate que nunca cumplió el conquistador Pizarro. Para cualquier mortal resultaba impensable que TELEFÓNICA haya invertido tan exorbitante suma –sin referencia en los anales de las telecomunicaciones- si no tenía la seguridad de recuperarla en el corto plazo, además de los otros 1,200 millones de dólares en inversiones comprometidas y sin incluir, obviamente, las respectivas ganancias. En una economía de mercado no hay quien invierta si es que no tiene la seguridad del retorno de su dinero, incluyendo sus ganancias, en un tiempo conveniente. Y no había otro lugar de donde sacar ese dinero sino de los bolsillos de los usuarios del servicio telefónico y en cinco años, antes de que llegue la competencia.

Tan pronto como TELEFÓNICA ganó la subasta, a pesar de la sensación de jubilo que estremeció a los funcionarios del gobierno, algunos dudaron que la empresa española abone la suma pactada. TELEFÓNICA debía pagar 1,391 millones de dólares por el 35% de las acciones de ENTEL y por el 20% de las acciones de CPT de propiedad del estado. Los restantes 611 millones de dólares correspondían a la suscripción del 15% de nuevas acciones de esta última empresa, para llegar al 35% negociado. Estos 611 millones debían ser dinero fresco y directo. Sin embargo, ese dinero nunca entró al Perú.

En la mañana de un tímido otoño, el 16 de junio de 1994, el apacible pero astuto gerente de finanzas además de secretario-amanuense del “invisible” Paucar en la vendida CPT – el contador Leoncio Andía Ramos- habría desviado el habitual camino de su casa hacia sus oficinas en la cuadra 11 de la Avenida Arequipa, para dirigirse acompañado de una inesperada y vigilante compañía, hacia las lujosas instalaciones del Hotel Las Americas convertido en el cuartel general de los flamantes nuevos dueños de las telecomunicaciones peruanas. No tuvo que esperar mucho tiempo. Sus dueños – y ahora ya sabemos quienes eran- habrían reservado la más lujosa suite para lo que debía ser un acto memorable: la recepción de los 611 millones mencionados y...”su inmediata devolución”.

En efecto, ese dinero jamás entró al país, pues mediante la operación de referencia # 940516-020359 fue depositado en el Extenbank de Nueva York a la 11.55 de la mañana de ese mismo día de junio de 1994 para ser transferido a Lima e inmediatamente devuelto al mismo banco para, apenas unas horas después, estar de regreso a España de la siguiente manera: 305 millones de dólares al banco ABN-AMR0 y 305.8 millones de dólares al Banco Exterior de España. Andía en su calidad de Gerente de Finanzas tenía los poderes suficientes para autorizar estos movimientos desde un fax instalado en la confortable suite a donde fue conducido. La operación de depósito en el banco neoyorquino fue concebida únicamente para que Fujimori hiciera el anuncio de que el Perú había recibido el dinero. Dos meses después, el 31 de agosto de 1994, con poco mas de 2 años de servicio, el señor Leoncio Andía era “cesado” en la TELEFÓNICA mediante orden de pago No. 020508, con una liquidación ascendente a la despreciable suma de 255,000 soles; mas de 100,000 dólares en esa época. Obviamente que esta operación perjudicó a los accionistas minoritarios y difundidos de la CPT.

Sin embargo hubieron aún mas cosas de escándalo elucubradas entre idas y vueltas a Palacio, vía COPRI. Las formas para recuperar el dinero supuestamente invertido dieron origen a “divertidas” ideas, por no llamarlas de otra forma mas apropiadas. Pero aquí, en el paraíso de la corrupción y de los ciegos obligados, sin testosterona viviente alguna, todo era fácil y posible. Por ejemplo: De acuerdo a un contrato y con el visto bueno del Gobierno, TELEFÓNICA ( España ) le cobraba a Telefónica ( Perú ) por la “gestión” administrativa que esta última hacía en la empresa que había comprado la primera, aunque ambas eran la misma cosa. Pero no se crea que esto era poca cosa: Telefónica Perú debería remitir a Telefónica España por este concepto nada menos que el 9% de la utilidad operativa antes de impuestos. Mismo Colón cuando agasajaba a los Reyes Católicos con el oro encontrado en su empresa hacia las Indias. Aún mas: como en España se autoplocamaron líderes de la tecnología mundial de las telecomunicaciones, entonces nuevamente TELEFÓNICA ( Perú ) debía transferir mensualmente a TELEFÓNICA (España ) nada menos que el 1% de su facturación en virtud de un dizque contrato de “transferencia tecnológica”. Es decir Telefónica se pagaba a Telefónica. En el fondo esto no era mas que una estratagema adicional para sacar impunemente dinero limpio del Perú y “resacirse” por cualquier vía y complicidad de la “tremenda inversión realizada”. Y estos contratos fueron tan secretos que ni siquiera a los miembros del Directorio quisieron mostrárselos, dando tan solo cuenta de los mismos y reservándose su contenido, ahora entendemos porque. Se estima que estos “contratos” secretos le han rendido a Telefónica en estos últimos años mas de 1,000 millones de dólares; es decir aproximadamente el 50% de su “tremenda inversión” y solo por esta vía. Vía ilegal e intolerable cobrada por ¡administrar su propia empresa!. Más tarde o mas temprano, cuando llegue la hora de revisar los contratos con Telefónica, a la hora de los destapes, estamos seguros que este aspecto se disparará como un resorte apretadamente escondido en un cofre, resguardado a la vista de intrusos.

Pero lo curioso en medio de todo este panorama que hoy espectamos ya no tan silentemente, es que, a fines de 1989, en las postrimerías de su gobierno, el ex Presidente Alan García ya había realmente privatizado la CPTSA. La acción comandada por el Ministro de Transportes y Comunicaciones de ese entonces, Oswaldo Morán, consistió en devolverles a los auténticos propietarios el gobierno de esta empresa usurpada hasta ese entonces por el estado. A inicios del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, en esa ola desorganizada de estatizaciones, el gobierno de facto nacionalizó la CPT. Se procedió a la expropiación de las acciones de su propietaria, la International Telephone and Telegraph Co. (ITT), transnacional de oscuros recuerdos por su historial no muy limpio a nivel mundial, hoy en día desaparecida de la industria de las telecomunicaciones.

Velasco, sin embargo, recompensó muy bien a la ITT. Además de otorgarles la franquicia para el establecimiento de una fabrica: la Fabrica de Equipos de Telefonía S. A. ( FETSA) que más tarde se vería beneficiada con la asfixiante prohibición de las importaciones en el sector; se puso en marcha un millonario contrato de capacitación en telecomunicaciones (INTELPLAN) -que nadie controló- destinado al entrenamiento de profesionales peruanos en las empresas subsidiarias de la ITT en el mundo. Se les adjudicó asimismo el terreno de la cárcel conocida como “ El Panóptico” para construir lo que es ahora el lujoso “Hotel Sheraton” y lo más sustancioso: se obligó a los abonados de una línea telefónica a pagar mensualmente una cantidad fija que figuraba en sus recibos como “ cláusula 40 “ –algo que muy pocos entendían- como retribución al estado por el pago de las acciones expropiadas a la ITT.

Este arbitrario pago, que tenía inicio pero no fin programado, lo comenzaron a hacer los abonados – antiguos y nuevos- desde 1970 y no paró sino hasta 20 años después, marzo de 1990, fecha en que el gobierno de García consideró que la retribución al estado ya estaba efectuada. Que el estado no tenía más el derecho de usufructuar del gobierno y los beneficios de unas acciones que no eran suyas y que por lo tanto el control de la CPT debía pasar a manos de sus legítimos propietarios - los abonados- otorgándoles a cada uno de ellos las acciones que le correspondían por los pagos efectuados. Es decir, la CPT pasó a ser una empresa totalmente privada, con accionariado difundido. La primera Junta General de Accionistas se celebró en marzo de 1990 e inmediatamente después ejerció el primer Directorio en donde el estado, de acuerdo a sus acciones, tenía tan solo 3 representantes de un Directorio conformado por 10 miembros.

Lo que sucedió después es historia poco conocida. ¿Cómo una empresa privatizada podía ser nuevamente privatizada?. Aquí aparecen dos personajes claves: el Dr. Jorge Tovar y el contador Antonio Paucar Carvajal.

En 1990, la CPT ya en manos de sus auténticos propietarios, arremetió con fuerza a un reflotamiento integral de la empresa. Lo primero que había que hacer era un ajuste interno organizacional total, una reingeniería. Lo segundo tenía que ver con la calidad del servicio y la búsqueda de los fondos necesarios para conseguirlo, incluyendo nuevas estrategias para cubrir necesidades del mercado interno. Sin embargo, a partir de julio de 1992 las intenciones del gobierno de turno comenzaron a revelarse. CPT fue una empresa que nunca dio resultados en rojo;es decir, nunca significó una carga para el estado. Sin embargo, las tarifas fijadas con criterio político no le permitieron tener las utilidades suficientes para reinvertirlas en crecimientos y mejoras. Siempre el estado ayudó con su garantía para endeudamiento externo, pero a partir de julio de 1990 esa garantía del estado simplemente fue negada. La CPT se desesperó. Trató de formar un sindicato de bancos que financiaran Proyectos de Expansión, pero todas las puertas se le cerraron. Trató de recurrir a la Corporación Andina de Fomento (CAF), al Banco Interamericano de Desarrollo y otros, pero siempre el resultado era el mismo y las consecuencias las esperadas. Era evidente que la CPTSA sufría un acorralamiento del régimen de Fujimori. Incluso, cuando trató de ponerse a la vanguardia tecnológica para implementar su Proyecto de Telefonía Celular -encarpetado desde 1987- el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le negó la licencia y –peor aún- le entregó ese privilegio tecnológico de ser el segundo país en Sur América de contar con Telefonía Celular, a una empresa tan improvisada como desconocida: “ Telemovil” o “ Celular 2000” de propiedad del inefable hombre de televisión Genaro Delgado. Delgado y sus socios explotaron el mercado de Telefonía celular por un año completo, sin competencia e imponiendo precios exorbitantes a un sector desprevenido que obviamente los podía pagar. En este período aparece claramente la figura del Dr. Tovar como hombre de confianza del en ese entonces “delfín” todopoderoso ministro, Jaime Yoshiyama. Mas tarde Tovar, junto con Paúcar y otro sujeto de apellido japonés, sería miembro del Directorio de la CPT en representación del gobierno fujimorista para luego, cuando su concurso era impostergable para los fines del dictador, pasar a ser presidente de la poderosa Comisión de Privatización (COPRI).

Dentro de estos avatares, la CPT de 1990-91 decidió convencer a cerca de 3000 trabajadores para acogerse al beneficio de una renuncia voluntaria con incentivos. De esta manera se pretendía aliviar el sobrepeso que significaba una planilla sobredimensionada gracias a una política laboral de clientelaje político, empleada tanto en el régimen de Fernando Belaúnde, y sobretodo en el gobierno de García. Para 1992 los estándares de trabajadores por cada 1000 líneas telefónicas ya estaban en un nivel aceptable y competitivo. Así lo entendió la Junta General de Accionistas cuando determinó, en uno de los acuerdos para la privatización, que la estabilidad de todos sus trabajadores tenía que ser respetada por quienes adquirieran el control de la empresa, en razón a las acciones de racionalización de personal ya concluidas. Sin embargo, aquí aparece otro protagonista. Como director representante del gobierno de Fujimori -ante la CPT privatizada por García- aparece un contador ayacuchano que se jactaba de ser amigo y compañero de carpeta del presidente Fujimori. Se trataba nuevamente de Antonio Paucar quien venía de ser Presidente de ENTEL y que luego sería Presidente del Directorio de la CPT y más tarde aún, asesor de la poderosa TELEFÓNICA. Durante su presidencia se alteraron los acuerdos de la Junta General y se permitió un feliz tránsito de la privatizada CPT, a la otra CPT que, conjuntamente con ENTEL-PERÚ, se convirtió en TELEFÓNICA. La alteración de los acuerdos de la Junta General de Accionistas en materia laboral fue incluso materia de un proceso judicial entablado por el Sindicato de Trabajadores de la CPT, que fue ganado por ellos pero que no fue efectivo sino hasta la intervención del Tribunal Constitucional quien ordenó la reposición de los trabajadores despedidos por Telefónica, acto que ni siquiera por provenir de esa majestad legal, Telefónica, rodeada todavía de los escuderos del fujimontesinismo, se niega a acatar en su totalidad.

Un día, todavía frescos los ecos del Congreso clausurado, los minoritarios representantes del gobierno fujimorista ante el Directorio de la CPT, les dijeron al resto de Directores, que CPT – aunque no era del estado- se tenía que vender “ sí o sí “ conjuntamente con ENTEL. Y estos directores, dueños de sus miedos, de sus intereses o simplemente de sus pragmatismos, se doblaron y aceptaron facilitando así el ingreso a uno de los capítulos más negros en la historia de las Telecomunicaciones del Perú. Capítulo aún no cerrado, pero que se ha desarrollado en estos últimos años sobre los episodios mas conocidos y sentidos por la ciudadanía.

TELEFÓNICA a partir de 1994 no solamente se dedicó a despedir trabajadores , a pesar de que en el año previo el español “comisario” Santillana, cada vez que venía al Perú se desgañitaba afirmando que TELEFÓNICA jamás despediría un solo trabajador, a la par que veía la forma de sacar mas dinero vía aumento de tarifas o ejecución de contratos “secretos” de transferencia de tecnología o de administración. TELEFÓNICA también se preocupó que todos los proveedores de bienes y servicios fuesen de ascendencia española; ya sea conocidas empresas de España u otras “recién” conocidas, fundadas específicamente en el Perú para fines específicos en el Perú e incluso con el concurso de algunos miembros de su plana ejecutiva que, gambeteando así, se procuraban beneficios adicionales con el asentimiento de la impoluta Telefónica de España.

En CPT las áreas de mayor cantidad de mano de obra calificada y por lo tanto de trabajadores, eran las áreas de Construcción de Planta Externa, Instalaciones de líneas y Mantenimiento de líneas. Y fue ahí donde apuntó primero TELEFÓNICA. En 1994 TELEFÓNICA celebró contratos con diversas empresas para la Instalación y Mantenimiento de líneas de abonados. Todas eran Españolas excepto una que estaba conformada por ex trabajadores de la CPT, a quienes se les dio un caramelo para atenuar protestas y sentimientos de culpa por los despidos masivos.

A fines del 2001 el panorama era prácticamente igual. A pesar de que varias empresas españolas se retiraron del mercado una vez que este fue exprimido tras los años de la “concurrencia limitada”, en diciembre del 2001 algunos nombres habían cambiado pero la proporción era exactamente la misma. De 6 empresas que tenían contratos con TELEFÓNICA, incluyendo Telefonía Pública, 5 eran de origen español y tan solo una era peruana, la misma empresa que comenzó en 1994.

ABECOTEL, con su Gerente Alberto Ramírez (Español, C.E. 108492); DYCTEL, con su Gerente General Jesús López (Español, C.E. N-105579); ITETE, con su Gerente General Carlos Ayala (Español, Pasaporte 21436553a); RADIOTRONICA, con su Gerente Juan Santos (Español, C.E. 86428); AMPER, con su Gerente Antonio Martos ( Español, C.E. 109381) y SERVICIOS PERUANOS, con su Presidente Emilio Cassina ( Peruano, DNI 08235039), eran las seis empresas privilegiadas por TELEFÓNICA, tan solo en este campo.

Pero este privilegio revelaba en su distribución discriminada, la verdadera actitud de TELEFÓNICA. Durante el año 2001, 7 años después de la privatización, ABECOTEL facturaba a TELEFÓNICA 12.7 millones de soles ( 23%); DYCTEL, 8.5 millones de soles ( 15%); ITETE, 14.4 millones de soles ( 26%); RADIOTRONICA, 14.4 millones de soles ( 26%); AMPER, 3.9 millones de soles ( 7%) y SERVICIOS PERUANOS, 0.8 millones de soles ( 1.5%).

Aún así, en estos días, TELEFÓNICA “agobiada” por las rebajas tarifarias que le impone una real competencia dentro de un gobierno transparente y democrático; temerosa de una justa reivindicación de los derechos laborales atropellados al amparo de la dictadura, ya no necesita presentar un rostro peruano –aunque sea minimizado- en sus filas. Al contrario, antes que se concrete lo que se viene, habría que apurarse en tomar medidas para consolidar lo hasta el momento logrado, y para eso hay que tomar cualquier herramienta que esté a la mano. No importa que esa herramienta no haya sido probada lo suficientemente en el mundo. El Perú a lo largo de su historia, en manos ibéricas, ha sido y sigue siendo un conejillo de indias.

En España y Brasil se está experimentando con una nueva modalidad para la operación del Plantel Exterior. Le llaman “Bucle de Cliente” y consiste en otorgarle a una sola empresa una sub-concesión para toda un área, digamos un Departamento o varios. Mediante esta operación la empresa en sub-concesión tendría a su cargo todo el Plantel Exterior de la región que se le asigne. Desde el distribuidor principal de las Centrales Telefónicas, pasando por toda la red de cables aéreos o subterráneos; cables troncaleros, primarios o de distribución; equipos de presurización, cámaras subterráneas, postes diversos, redes de acometida... etc, hasta el equipo telefónico del abonado, incluyendo la mesa de pruebas, los diversos equipos de transmisión con su infraestructura ( torres, casetas y otros) y el Servicio de Atención al público de Averías ( 102); y sin contar las actividades de Planificación, Diseño, Construcción, Instalación y Mantenimiento, propias de una administración integral. Es decir, Telefónica “ cedería” un 95% de su responsabilidad en este campo clave en la explotación de telefonía fija, a un grupo de “pequeñas” Telefónicas supervisadas por la “mayor”, que seguiría en el negocio percibiendo una cuota menor pero más rentable.

Las empresas beneficiadas con esta curiosa modalidad de trabajar una concesión tendrían que ser, por supuesto, Españolas. No hay cabida en los grandes negocios para las empresas del país, habría que privilegiar las de la madre patria. Y curiosamente, mientras que el Ministro de Industria declara “sentirse orgulloso porque de 30 empresas pesqueras en Paita, una es peruana ( sic)”, a escasos metros de su Ministerio se dan los últimos toques para dejar de lado a la única empresa peruana nacida como fruto directo de la privatización en el sector de Telecomunicaciones. Y entendemos que no precisamente por ser la mas mala o la más inexperta.

La prisa por implementar en nuestro país esta experiencia, con problemas incluso en la misma España, no es sin embargo un despropósito del grupo dirigencial Español. El establecimiento de esta modalidad de explotación denominada por ellos como “ Bucle de Clientes” obedece a una serie de razones encuadradas dentro de la estrategia de la transnacional. Así :
Para el año 2001, TELEFÓNICA debía de haber cumplido con una cuota de trabajadores despedidos que no pudo alcanzar. Sus planes sincronizados con los de la dictadura pasada, fueron trastocados por un gobierno transitorio, seguido de una democracia abierta a los reclamos laborales. El Bucle de Abonado es el pretexto ideal para paliar estos resultados adversos.
El Contrato de Concesión firmado con el Gobierno Peruano, jurídicamente elaborado a sus necesidades y demandas, no presentaría ningún impedimento legal para, en la práctica, otorgar una mini concesión dentro de la concesión. Se reducirían de esta forma costos, elevando utilidades, sobre la base de la eliminación del costoso personal en planillas, que serían probablemente absorbidos por las sub-concesionarias españolas, “a sueldos de mercado”.
El debate nacional sobre el ponderado rescate de los derechos laborales está en su momento punta. Un retrazo cualquiera sobre una decisión de esa magnitud no sería aconsejable.
La implementación del “Bucle de Cliente” significaría la transferencia a terceros de la administración del total del Plantel Exterior telefónico. Esto debería implicar normalmente muchos meses sino años, a la par que acuciosidad y extremas exigencias por parte de los receptores de ese plantel, considerando que más del 50% de la Planta Externa tiene mas de 10 años de vida y que cerca del 25% tiene mas de 20. Esto, en determinados casos podría ser mortificante e inconveniente para las exigencias de premura. Por lo tanto, habría que apurarse pero previendo la no existencia de algún escollo incómodo que retrase los planes. Para eso nada mejor que hacerlo con gente de la “madre patria”; amigos y tolerantes, que cierren los ojos sin hacer estruendo, ante cualquier problema que se pueda arreglar en el camino.

Hasta hace poco y después de estos sucesos, probablemente contagiados por el síndrome del Juez Garzón, TELEFÓNICA ha optado por lavarse la cara ante la opinión pública. Para ello nada mejor que un peruano de alcurnia y prestigio. Alfonso Bustamante fue el elegido poniéndolo a la cabeza del Directorio desde donde reinaba pero no gobernaba. Sin embargo, su reputación como banquero y sus fuertes lazos con el BVBA de España habrían podido resultar en un tiro por la culata de imprevisibles consecuencias. Hoy en día la táctica de Telefónica vuelve a cambiar y efectúa un enroque estratégico. El Presidente Peruano se vuelve Español y acuden al Sr. Nadal para dialogar con nada menos que con el Presidente de la República. Pasó la hora de Bustamente quien pasa a ser un mero Director, para defender, desde un lugar mas cómodo junto con los también Directores Jorge Melo ( ex – Gerente General de OSIPTEL ) y Ludwic Meier ( ex Ministro de Fujimori ), las ambiciones de Telefónica en los asuntos de la Renta Básica, los minutos libres y el cobro por segundo.

Por otro lado el Gerente General Español se vuelve Peruano y echan mano al Sr. Revilla para cubrir las apariencias de una supuesta autoridad peruana. Mientras tanto, el ex Gerente General español Jose Vela es acusado por la jueza anticorrupción Magaly Báscones quien ordena el embargo de sus bienes y quien inexplicablemente deja libre de toda sospecha y culpabilidad al ex Ministro de Fujimori y Montesinos Sr. Antonio Paucar Carvajal, incluyendo a su secretaria y mano derecha Jessica Chang, también sometida a investigación. Paucar, ya con la nacionalidad Norteamericana, desde las soleadas playas de Fort Lauderdale en Florida donde reside, debe estar sonriente y saboreando su Piña Colada. Después de todo, él fue el mas astuto o el que mas dinero y amistades tuvo. Ni Montesinos le llegó al pié, a criterio de muchos que lo conocieron.

Esta es apretadamente una crónica de lo que fue la privatización de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú. Crónica donde todavía no se ha puesto el punto final, mientras que en la Macro Región Sur los ciudadanos reclaman que el estado no abdique de su obligación de función pública y que el Gobierno de turno saque experiencias del pasado reciente y cumpla con su promesa de no privatizar las eficientes empresas de servicios eléctricos. Se rechaza así ese concepto de moda, en donde la economía del país parece estar en manos de cajeros y rematadores de activos que nos pertenecen a todos.

Se trata finalmente de ejercer conocimiento, experiencia e imaginación, los tres elementos básicos de la sabiduría según Einstein. Porque privatización no significa necesariamente la enajenación de una propiedad pública. Existen otras modalidades que deberían considerarse con cierta dosis de sabiduría. Y sin ir muy lejos, en el mismísimo caso Español -por ejemplo-, la política de privatización optó por mantener el estatus público de la titularidad, organización y dirección, dejando solo la gestión total o parcial en manos del sector privado, con óptimos resultados.